Diario Información. Peréz Gil. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Ayuntamiento de Villena que le remita todos los documentos referentes a la tramitación de un expediente por infracción urbanística que “desapareció” sin resolverse y, por tanto, sin que se le impusiera una posible sanción económica al responsable de la irregularidad. Se trata de un conocido empresario de la localidad muy cercano al PP, que en el año 2007 construyó una piscina en una casa rural de su propiedad situada en el paraje San Juan sin disponer, supuestamente, de la preceptiva autorización municipal. 

Según consta en el escrito al remitido a la Fiscalía de Alicante y al que este diario ha tenido acceso, el dueño de la finca solicitó una licencia de obra menor para construir una pequeña balsa de riego que terminó convirtiéndose en una lujosa y amplia piscina. Finalmente el Ayuntamiento le denegó la autorización ya que el emplazamiento de la actuación se encontraba dentro de una zona de humedales, por lo que los informes técnicos resultaron desfavorables atendiendo a la normativa de protección del enclave. Sin embargo, el expediente nunca se tramitó porque parte del mismo “desapareció” de forma misteriosa.

La apertura de esta investigación por parte de la Fiscalía de Alicante parte de la denuncia formal que hace tres meses interpusieron los cinco exconcejales del PP que abandonaron el equipo de gobierno de Villena para pasarse al grupo de No Adscritos. Una ruptura que dejó al gobierno en minoría y que tuvo su origen en las fuertes discrepancias políticas y personales que los cinco concejales mantenían, y siguen manteniendo, con la alcaldesa popular Celia Lledó. Todos ellos -Juan Richart, Juan Carlos Pedrosa, Adela Serra, Virtudes Amorós y Mari Paz Poveda- concurren a los próximos comicios con la formación independiente Villena Centro Democrático (VCD) y consideran que, en el caso de la piscina, la primer edil ha podido incurrir en un “trato de favor” hacia el presunto infractor del expediente por tratarse de un “amigo personal” que le ha declarado públicamente su apoyo y al que, además, se le han adjudicado en este legislatura obras de instalación eléctrica por un importe de 127.143 euros. Pero los denunciantes también alertan a la Fiscalía sobre un supuesto delito de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, “al no haber perseguido -la alcaldesa- las irregularidades urbanísticas, debiendo proseguir los expedientes hasta su completa tramitación, no permitiendo que éstos caduquen, lo que además supone un abuso en el ejercicio de su función”.

Del mismo modo exponen que desde el equipo de gobierno se ha “ocultado” el expediente cuando lo han solicitado para su fiscalización y se ha permitido la actividad de la citada casa rural pese a tener levantadas dos actas por los técnicos municipales. Una por la construcción de la piscina y otra, más reciente, por una ampliación de la vivienda realizada en el año 2010.

“Difama que algo queda”
La alcaldesa de Villena lamentó ayer lo que ha calificado de “una nueva maniobra electoralista de Juan Richart y compañía, que responde al lema de “difama que algo queda”. Es muy triste y muy cansino -señaló Celia Lledó- el empeño de esta gente -en referencia a sus antiguos concejales- de tratar por todos los medios que un juzgado me impute por cualquier asunto. Lo han intentando cuatro o cinco veces en apenas un año y todas sus denuncias han quedado archivadas, pero no así la de Juan Richart, que él sí que está imputado y tarde o temprano tendrá que responder ante la Justicia por el chalé que se hizo siendo concejal de Obras”. Precisamente Lledó ha recordado que la construcción de la piscina se realizó en la anterior legislatura -cuando la socialista Vicenta Tortosa estaba al frente de la Alcaldía- y la tramitación del expediente “desaparecido” se inició cuando el propio Juan Richart se encontraba al frente de la concejalía de Obras. Habrá, por tanto, que preguntarle a él qué ha pasado con toda esa documentación. Seguro que sabe mucho pero, claro, no lo va a decir”, añadió.

Respecto a su amistad con el presunto infractor la primer edil ha apuntado que “también es amigo de la concejal Adela Serra y no pasa nada por ello”, y respecto a la adjudicación de obras por valor de 127.143 euros ha explicado que han sido financiadas con cargo al Plan E, que toda la adjudicación se ha realizado con absoluta transparencia en la mesa de contratación correspondiente siendo ratificada la misma por el Gobierno central, y que es la única obra que se le concede a esta empresa eléctrica de Villena en cuatro años pese a ser una de las más importantes de la localidad. Tras confirmar la reciente solicitud de la Fiscalía en torno a este asunto, la alcaldesa ha asegurado que desde el Ayuntamiento se va a colaborar con la Justicia en todo lo que se le pida, “tal y como hemos hecho siempre, y por eso ya se ha solicitado un informe al técnico de Administración General para arrojar luz sobre este oscuro asunto”, concluye Lledó.