Con independencia de la evaluación negativa que hacemos de las actuaciones del juez Garzón en otras causas y procedimientos, el sindicato CGT va a seguir al lado de las víctimas del franquismo y, por eso, se personará, junto a otras Asociaciones Memorialistas, en la querella contra los magistrados del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y Luciano Varela, como principales impulsores de la causa contra este juez.

La indignación actual no permite apreciar la magnitud de la decisión del Tribunal Supremo al sentar en el banquillo al juez Garzón. Podemos encontrarnos ante una decisión histórica porque con el procesamiento del juez Garzón no se ataca a un juez sino a las víctimas que confiaron en la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares a través de la vía judicial.

El Sr. Varela, haciendo una interpretación literal de las normas de competencia, considera que no debería haberse abierto un proceso sobre las desapariciones del franquismo (al que, por cierto, han tenido acceso los profranquistas de Manos Limpias y Falange Española, viendo los nombres de los desaparecidos y de los denunciantes). CGT se pregunta, si no es la Audiencia Nacional, ¿quién, en España, va a juzgar al franquismo?. Pero la cuestión es diferente ¿Es posible juzgar y condenar al franquismo en España? ¿Acaso no existe el delito de desaparición forzada? Y ¿quién va a investigar a partir de ahora la desaparición de 150.000 personas por todo el territorio español?.

La Ley de Amnistía ha permitido que continúe todo como estaba durante la dictadura, y ello ha llevado a que tras 70 años sigan enterrados en cunetas miles de personas que lucharon por la libertad y continúen sentenciados bajo pronunciamientos judiciales ilegítimos de militares y jueces completamente parciales.

Para la Confederación General del Trabajo, es la reciente Ley de Memoria Histórica la que en el fondo es la responsable de la situación actual en la que se encuentran las víctimas, al ser una ley de punto final. Desde hace años CGT lleva luchando por un reconocimiento real y oficial de los crímenes del franquismo y la anulación de las sentencias franquistas, así como la reparación de los daños proferidos a las víctimas, hechos que niega radicalmente la Ley de Memoria. Actualmente trabajamos para la presentación de una Carta a la Ciudadanía Europea ante el Parlamento Europeo y lograr un nuevo pronunciamiento exigiendo al Gobierno español la anulación de las sentencias franquistas. Sólo con la anulación de las sentencias franquistas, esta democracia romperá definitivamente con el lastre del franquismo.

http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article1357