Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la policía armada entró en la Iglesia San Francisco de Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados por los flancos y a los del frente les dispararon con metralletas y pistolas.

La policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio, asesinando a Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años. Dos meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, con 30 años. Dos obreros asesinados directamente en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves de los cuales tres morirían, más de sesenta heridos graves, la mitad con heridas de bala, y cientos de heridos leves.

El sábado, Manuel Fraga Iribarne entonces Ministro de la Gobernación junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión. Aquel jueves el Secretario General del SPD de Alemania cancelaba la entrevista con Fraga que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía.

Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, en enero convocan huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria produjo cuatro manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. En vez de solucionar el conflicto, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.

Estos incidentes aceleran la acción de la oposición democrática, y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas.

Se considera responsables a Manuel Fraga Iribarne y hombre clave en los últimos años del franquismo, y a Martín Villa, a pesar de que ambos eran considerados “reformistas” dentro del aparato franquista.

Este hecho muestra la divergencia de la nueva Iglesia con el franquismo desde 1965. Y es que si bien en los primeros años hizo oídos sordos a los lloros de la posguerra justificando la cruzada anticomunista, tras el Concilio Vaticano II se acercó a los trabajadores debido al cambio generacional, como había sucedido en el proletariado, mucho más agresivo que sus ascendientes (a los cuales se les consideraba el sustento pasivo fundamental del Régimen franquista por aquello de los “estómagos agradecidos”).

31 años y los asesinos siguen sueltos.

Fraga se muere sin ser juzgado por estos crímenes de estado.