Tres días de juicio contra las activistas anti-MAT

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El 1 de marzo, pasadas las 8 de la tarde, finalizaba el juicio contra 6 activistas anti-MAT y contra el subinspector de los mossos d’escuadra que dirigía el operativo policial durante la acción en la que una persona se enterró para detener las obras de la MAT en Fellines.

Tres días ha durado el juicio, relleno de testigos y peritajes, que han ido compareciendo y declarando en medio de largas esperas y un clima de expectación y tensión entre el grupo de apoyo a las activistas y los mossos d’escuadra. La sala más grande de la Audiencia Provincial de Girona ha quedado pequeña en un juicio que ha despertado una ola de solidaridad con las detractoras de la MAT.

En las declaraciones, las acusadas han reafirmado su posición contraria a la MAT y han defendido la acción como una vía para ejercer la oposición a la línea de muy alta tensión y denunciar los incumplimientos que se estaban produciendo a lo largo del trazado Bescanó – Santa Llogaia d’Àlguema. Se refieren en concreto al acuerdo entre Red Eléctrica de España (REE) y la Generalitat de Cataluña, por el que la compañía se comprometía a hacer pasar la línea respetando una distancia de 100 metros de las masías y 500 de los núcleos urbanos. Precisamente la acción que se juzgaba tuvo lugar el mas Can Planellas para denunciar que la torre de la MAT no respeta esta distancia y se encuentra a sólo 17 metros de la vivienda.

“La actuación de los mossos d’escuadra fue ilegal”

La tesis que han planteado las defensas a lo largo del juicio es que el operativo de los mossos d’escuadra no tenía legitimidad para actuar y que hubo un exceso de contundencia en su intervención. Las letradas han argumentado que REE no tenía ningún título que habilitara el inicio de las obras en la finca -aunque no se había hecho público ningún acuerdo, ni se había levantado acta de expropiación- ni tampoco el consentimiento de las arrendatarias ni de las propietarias. Asimismo han insistido en que tampoco había ninguna orden judicial que autorizara esa intervención en una finca privada y han denunciado la colaboración incondicional que prestaron mossos d’escuadra, que no hicieron ninguna comprobación sobre la legitimidad de las obras, y que simplemente desplegaron un numeroso operativo a petición de REE. Por ello han instado al tribunal que reconozca la ilegalidad de la actuación, lo que implicaría que no se pudieran haber producido delitos de atentado a la autoridad para que las agentes en ese momento no habrían sido amparadas por el derecho.

En cuanto a la intervención de los mossos d’escuadra, han sostenido que existía una hostilidad hacia las manifestantes y que las cargas se produjeron sin ningún motivo aparente. Destacan que en la grabación que aporta la acusación como prueba, se ve como el comienzo de las cargas la actitud de las manifestantes era tranquila y que la actuación de los mossos fue la responsable de aumentar la tensión. Asimismo han puesto de relieve que en ningún momento se procuró una mediación o comunicación entre mossos y manifestantes, que habría podido resolver la situación.

La acusación se reafirma en las penas

Las acusaciones – formadas por fiscalía, REE y Generalitat de Cataluña – han introducido cambios en el trámite de conclusiones definitivas. La abogada de la Generalitat ha retirado el delito de lesiones, así como de desórdenes públicos. Las otras acusaciones también han retirado el delito de desórdenes públicos y la han cambiado por el delito de coacciones graves. Cabe destacar sin embargo, que el cambio de calificación jurídica, no ha supuesto un cambio en la petición de penas por parte de la fiscalía y de REE.

Las tres acusaciones han reafirmado con la culpabilidad de las activistas en referencia a los delitos de atentado a la autoridad y REE ha mantenido la petición de responsabilidad civil de 20.000 euros. En el informe de conclusiones finales han entendido acreditado por la declaración de los agentes de mossos de escuadra, que cinco de los encausados ​​habían agredido a los agentes.

En cuanto los 20.000 euros de responsabilidad civil, no ha quedado claro durante el juicio si ésta ya ha sido recuperada por REE. Según parece que la compañía recibía subvenciones para las obras de la MAT una vez finalizadas las mismas y que a veces eran superiores al gasto real. Por lo tanto es posible que los 20.000 euros que reclama REE a las manifestantes en concepto de gastos y retraso de la obra, haya ya sido incluida dentro de los gastos del tramo y por tanto, abonada. En todo caso, el delegado de REE, Lluís Pinós, no supo responder a preguntas de la defensa, si los 20.000 euros estaban incluidos o no.

El subinspector de los mossos d’escuadra que comandaba el operativo también se encuentra acusado

Un subinspector de los mossos de escuadra, juzgado

Un hecho relevante de este juicio es que el jefe del Área de Recursos Operativos (ARRO) de los mozos de escuadra estuviera sentado en el banquillo. El motivo de su imputación ha sido la denuncia presentada por una manifestante, que terminó con el brazo roto en el transcurso de la jornada y que asegura que fue precisamente este agente quien la agredió cuando intentaba impedir que la carga policial asustara dos caballos que se encontraban en un cerrado. De hecho, el cerrado acabó roto y los caballos huyeron en medio de las manifestantes y atravesaron el cordón policial. La acusación pide a Manuel Cordón 5 años de prisión, suspensión de cargo durante el mismo plazo y 7.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Un juicio tens

El hecho de que el responsable del operativo de los mossos d’escuadra fuera juzgado, ha provocado una tensión evidente estos días en los pasillos y en la sala del juicio. Las declaraciones de las agentes despertaron en algunos momentos la indignación de las personas que se solidarizaban con las activistas. En el exterior de la sala también denunciaron que los mossos que hacían de testigo, cuando salían de declarar, compartían lo que habían dicho con las testigos siguientes, una práctica prohibida por el derecho procesal. La animadversión llegó al punto culminante en la última hora del juicio, cuando el presidente de la sala obligó a desalojarla después de que el público estallara en risa debido a un lapsus del abogado de REE que relató que las manifestantes habían lanzado a los agentes “piedras, palos y caballos”. La resistencia inicial del público a abandonar el juicio llevó al juez a pedir la intervención de los antidisturbios, que han estado haciendo guardia durante todos estos días. La negociación de las abogadas de la defensa permitió que el público fuera autorizado a volver a entrar durante su turno de conclusiones, lo que hizo finalmente innecesaria la intervención policial y el público abandonó la sala por su propio pie. La imagen curiosa del momento, que creó indignación entre las personas que se solidarizaban con las activistas, fue cuando el subinspector Cordón, que estaba en la sala en calidad de imputado, se levantó del banquillo para dirigir los antidisturbios y indicarles por donde tenían que empezar a sacar el público.

Original en Ariet.cat

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