Organizaciones vinculadas al VIH piden de nuevo al Gobierno que acabe con la discriminación serofóbica en el acceso a la Función Pública

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El Gobierno español no parece preocupado por la discriminación de las personas con VIH en el acceso al funcionariado. Por cuarta vez desde 2014, las organizaciones FSC-CC OO, FELGTB, CESIDA y Trabajando en Positivo han solicitado una reunión con la Dirección General de la Función Pública para conseguir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público.

Según han informado en un comunicado de prensa las citadas organizaciones, el 35% de las 93 consultas recibidas durante el año 2016 por el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), dirigido al asesoramiento jurídico a personas con VIH ante situaciones de discriminación, estuvieron relacionadas con el acceso a ofertas de trabajo para empleos públicos, especialmente en relación a los Cuerpos  y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre ellas se encuentran determinadas exclusiones médicas que se reflejan en las bases de oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional,  y que de forma indirecta sirven en muchas ocasiones como excusa para excluir a las personas con VIH.

Otra excusa para llevar a cabo dicha exclusión es la sobrevaloración del riesgo de transmisión del VIH en el desempeño de estas ocupaciones. Así se desprende de los escritos emitidos por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, en los que se argumenta que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

Es por eso que la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras (FSC- CC OO) y tres organizaciones civiles vinculadas de una u otra forma al VIH (CESIDA, la FELGTB y Trabajando en Positivo) han solicitado por carta una reunión con la Dirección General de la Función Pública, para informarle de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH, que parece desconocer. Se trata, de hecho, de la cuarta ocasión desde 2014 que se solicita esta reunión, sin que por el momento este organismo, hoy día dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, haya accedido.

Ello no significa necesariamente que el Gobierno no sea consciente de lo que sucede. Así se desprende, a nuestro juicio, del escrito que el subdirector general de Relaciones Laborales de dicha Dirección General remitió en 2015 a las citadas organizaciones, según el cual “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del (…) cuadro de exclusiones médicas”. 

Sin embargo, en la carta ahora remitida, las organizaciones vuelven a recordar una vez más que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. Y señalan que el Gobierno, como empresa, debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral. “Tras la constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva secretaria de Estado [de Función Pública, Elena Collado], consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de la discriminación laboral de las personas con el VIH”, ha señalado Julio Gómez, epresentante de Trabajando en Positivo.

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