La Audiencia Nacional decreta prisión sin fianza para los lideres de ANC y Ómnium

La juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional acordó el envío a prisión sin fianza de los líderes de las dos principales entidades independentistas catalanas de la sociedad civil: Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart de Ómnium Cultural.

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La magistrada acordó su ingreso en prisión en concordancia con lo solicitado por la Fiscalía después de que ambos prestaran declaración en calidad de investigados por un posible delito de sedición por impulsar la concentración frente a la sede de la consejería de Economía del Gobierno catalán del pasado 20 de septiembre.

La jueza justificó la medida cautelar argumentando que en ambas personas hay riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

El pasado 20 de septiembre miles de personas se manifestaron durante horas frente a la sede de Economía del Gobierno catalán en respuesta a los registros y detenciones de altos cargos gubernamentales que la Guardia Civil realizó en ella como parte del operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre.

De acuerdo con el auto emitido este lunes por la Audiencia Nacional, las personas que allí se manifestaron tenían la “finalidad inmediata” de “impedir que los funcionarios desarrollaran sus funciones” y la “finalidad última” de “conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana independiente de España”.

El relato de Lamela describe como “algunos de los congregados destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil” mientras que otros impidieron abandonar el edificio a los agentes y a la comisión judicial encargada de los registros.

A su modo de ver, Sánchez y Cuixart fueron los principales responsables de promover y convocar esa protesta y otras que se produjeron un día después.

“La actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la ley (…) para impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución Española”, reza el auto de la Audiencia Nacional.

La jueza considera que “no se trataba realmente de concentraciones pacíficas” ya que, aunque los llamamientos generalmente apelaban al pacifismo, no se realizó pronunciamiento alguno contra el violentamiento de coches oficiales.

Este punto es relevante ya que, de acuerdo con la legislación española, el delito de sedición se aplica a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

“Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la movilización permanente desde ese día a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo”, destaca la magistrada de la Audiencia Nacional.

Este lunes también declararon ante la Audiencia Nacional el jefe de los Mossos d”Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, investigados por sedición a raíz de la supuesta pasividad del cuerpo policial contra los manifestantes del 20 de septiembre.

Pese a que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión, la jueza Lamela acordó libertad provisional con medidas cautelares para ambos al entender que no incurrían circunstancias que justificasen actuaciones de mayor calado.

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