Investigada la cúpula de El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo de capitales

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Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés

Según informó ayer El Confidencial, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite un querella presentada por la Corporación Ceslar, propietaria del 9,001% de las acciones de El Corte Inglés, contra la cúpula de la empresa por delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho a la información y blanqueo de capitales.

Entre las personas investigadas, figura el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, así como los consejeros Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florentino Lasaga, así como como el supuesto asesor externo de la empresa David Barreiro y las sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital– abre las diligencias de investigación.

Según este mismo diario, la Audiencia ordenó reclamar a los investigados unos contratos que justificarían el pago de 19,5 millones de euros por parte de El Corte Inglés a Noganoir Capital y Tereze Capital (ambas empresas vinculadas a Barreiro y radicadas en Singapur y Emiratos Árabes). Este pago se llevaría a cabo por el asesoramiento que estas desarrollaron en la operación del préstamo de 1.000 millones que concedió el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani –que compró el 10% de la empresa en julio de 2015– a través de la sociedad Primefin.

El Confidencial también recoge las declaraciones de Carlota Areces, que fue expulsada del consejo de administración en agosto de 2015 y la cual encabeza la Corporación Ceslar. En esta declaración, Carlota Areces, asegura que “Ni ha existido esa labor de asesoramiento ni existe contrato de asesoramiento aportado a los consejeros”, añadiendo que este desembolso realmente “encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado.

“La contratación de Barreiro es ficticia, pues actúa a modo de parapeto de terceros propietarios de las mercantiles”, insiste Corporación Ceslar, que en su escrito considera evidente que Barreiro “no es el titular último de Noganoir y Tereze ni el beneficiario último” de los 19,5 millones.

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