Albiol denuncia el “silencio, trabas e impunidad” que el “Gobierno del PP, la Fiscalía y la jerarquía católica imponen a la investigación de casos de bebés robados

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo hace esta advertencia desde el Congreso de los Diputados al formar parte de la delegación de la Eurocámara que durante los dos últimos días ha investigado este asunto en Madrid para redactar un informe cuyas conclusiones remitirán al Ejecutivo de Mariano Rajoy

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La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha denunciado esta mañana desde el Congreso de los Diputados el “silencio, los obstáculos y trabas, así como la impunidad” que se siguen imponiendo desde distintas instancias del Estado español -entre ellas el propio Gobierno del PP, la Fiscalía General del Estado o desde la jerarquía de la Iglesia católica- para impedir la investigación y la atención a los miles de afectados por los casos de bebés robados producidos durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia.

Albiol forma parte de la delegación del Parlamento Europeo integrada por ocho eurodiputados/as de diferentes grupos y países -cuya creación impulsó IU desde Bruselas a petición de unas “víctimas desesperadas”, en palabras de la propia eurodiputada, y de las asociaciones que las representan- que durante los dos últimos días ha investigado en Madrid este asunto, con vistas a redactar un informe cuyas conclusiones remitirán luego al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Marina Albiol detalló que tras la reunión mantenida en la tarde de ayer con altos cargos del Ministerio de Justicia quedó constatado su poco interés sobre este tema y por dejar que “todo el peso siga recayendo en las familias, que deben ser quienes denuncien”. Frente a ello, destacó que “nos enfrentamos a delitos de lesa humanidad” y hacerles frente es una “cuestión de justicia, no de buena voluntad o de cariño por las víctimas como nos tratan de hacer ver”.

Además de esta postura por parte del Gobierno, la eurodiputada de IU denunció también la forma de actuar de la Fiscalía General del Estado, con cuyo máximo responsable, el fiscal general José Manuel Maza y otros altos cargos se reunieron también ayer. Advirtió de que para Maza los miles de casos de bebés robados constatados son una sucesión hechos “aislados” y que en absoluto “tienen nada que ver con un plan sistemático” ni con la dictadura donde se originaron.

Albiol denunció que la “impunidad con la que se trata el caso de los bebés robados” en nuestro país es “excepcional” en Europa, ya que en todos los Estados “que han sufrido dictaduras se han acometido procesos para sacar a la luz la verdad y reparar a las víctimas”.

La eurodiputada, que es también responsable federal de Relaciones Internacionales de IU, recordó que sumada a estas trabas ha estado la postura tradicional de la jerarquía católica -la delegación se reunía en la tarde de hoy con representantes de la Conferencia Episcopal- , que actuó como “cómplice de esos robos de los bebés” y que sigue tratando de “silenciar” estos hechos.

Marina Albiol destacó en sus explicaciones que estas sustracciones se iniciaron formando parte de la “represión de la dictadura franquista”, entregando a los hijos de presas republicanas a familias leales al régimen. Fue la época en la que el jefe de servicios psiquiátricos del Ejército franquista, Antonio Vallejo-Nájera, buscaba el “gen rojo”, señaló con desprecio.

Con posterioridad, ese “tráfico de recién nacidos” pasó a ser un “negocio que movía mucho dinero” y llegó hasta los años de la transición, de ahí los miles de casos de lso que se tiene conocimiento.

La europarlamentaria de Izquierda Unida denunció que la suma de todas estas formas de actuar -que esta formación tratará de que se conozcan perfectamente por el Parlamento Europeo- lleva a que buena parte de los casos “acaben prescribiendo” por el paso del tiempo o “sean archivados por la falta de pruebas, pruebas que no se pueden conseguir precisamente porque no se permite investigar”.

Advirtió también de que “es imposible acceder a los archivos de la Iglesia Católica sin orden judicial” o el hecho de que “no haya un banco de ADN y que las pruebas de ADN no sean gratuitas”, además de que “tienen que ser las propias víctimas las que deben demostrar que ha existido un delito” para que se puedan iniciar los procedimientos judiciales.

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