Bankia dejará sin hogar a un vecino del distrito de Carabanchel
El próximo lunes 26 de marzo, a las 7,30h en la Avenida de Abrantes, 91 en Carabanchel, tendrá lugar un nuevo desahucio que desde la Asamblea Popular de Carabanchel junto con otras organizaciones sociales trataremos de evitar
Animado por las perspectivas de empleo y con la ilusión de comprar un piso, nuestro vecino Luciano decidió contratar una hipoteca a través de la inmobiliaria Eurofincas en 2005. Como la de muchas personas, su situación empeoró con el estallido de la crisis. Se quedó sin trabajo y más tarde, agotada su prestación por desempleo, ya no pudo hacer frente a su hipoteca, cuyas cuotas mensuales fueron subiendo a cantidades de las cuales nunca le informaron en la inmobiliaria.
Ahora Bankia ha subastado su casa y se ha quedado con su vivienda, de la cual quiere desahuciarle, dejándole en la calle el próximo día 26 de marzo, con una deuda para toda la vida. Luciano ha intentado la renegociación de la deuda con Bankia, pero el banco nunca le ha dado una respuesta.
La Asamblea Popular de Carabanchel ante los desahucios
Desde el comienzo de nuestra andadura el compromiso de la Asamblea Popular de Carabanchel ha sido para con la gente. Desde el comienzo hemos apostado por crear nuevas formas de convivencia, economías alternativas y redes sociales de apoyo. Desde el comienzo hemos tenido claro que las personas son un valor por sí mismas, y que la defensa de nuestros derechos tiene más vigencia que nunca: mercadillos de trueque, banco del tiempo, denuncia de abusos a emigrantes en las redadas racistas, apoyar a nuestras vecinas en la puerta de su casa cuando han sido desahuciadas.
El derecho a una vivienda digna está en nuestra Constitución, y sin embargo el poder ha protegido a la banca frente a la ciudadanía. Gracias a la Plataforma de afectados por la Hipoteca y a Stop Desahucios muchas familias han conseguido la dación en pago y un alquiler social, lo que significa poder seguir con su vida sin el lastre de una deuda vitalicia y tener acceso a una vivienda sin ser presa de la usura. A cambio el gobierno no hace leyes de protección a las familias, sino desgravaciones fiscales a los bancos que quieran aceptar el piso: se quedan con el piso y además les desgrava fiscalmente.









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